Un camarero de fin de semana en el pub de la esquina, una estudiante que cuida todas las tardes a los hijos de alguien... El trabajo sumergido es una realidad en España. Una evidencia que supone cerca del 8% del producto interior bruto (PIB) y que merma las arcas públicas. El empleo irregular genera al año más de 82.000 millones de riqueza que no paga ningún impuesto. El fraude laboral español es muy superior al de la media europea, y si se combatiera adecuadamente, "permitiría al Estado recaudar cada año más de 13.000 millones de euros adicionales", tal como señala en su último informe el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
para salir de la #crisis hace falta menos asalariado y más emprendedor.A ver si va a tener razón....
Porqué Portugal debería decidirse por el impago de su deuda soberana, via@attacespanahttp://bit.ly/k7G0JV #crisis
Ver todos los tweetsEl fisco llevó a cabo 1,2 millones de inspecciones laborales el año pasado. De todas ellas, al menos 100.000 destaparon irregularidades que afectaron a 570.000 trabajadores (alrededor del 3,3% del total). Las empresas evasoras suelen recurrir a la ocultación de parte de sus ventas y de sus cobros; así, con facturas falseadas, pagan los salarios en negro. La raíz del problema, para los inspectores, es el fraude fiscal en su conjunto, que alcanza el 23,3% del PIB.
El Gobierno aprobará previsiblemente el viernes un plan de afloramiento del empleo sumergido
El Gobierno aprobará previsiblemente el viernes un plan de afloramiento del empleo sumergido. A falta de un acuerdo con patronal y sindicatos, el borrador del decreto ley prevé facilidades para que el trabajo no declarado se regularice sin que el empleado pierda derechos.
Después de dos o tres meses, el Ejecutivo prevé endurecer las sanciones y perseguir con más fuerza a quienes empleen a personas ilegalmente. Pese a las voces que apuntan a que podría llevarse a cabo una ‘amnistía fiscal’ similar a las que se hicieron en 1984 y 1991, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, negó ayer tal posibilidad. Los técnicos de Hacienda se muestran convencidos de que el plan fracasará. Proponen perseguir el fraude tributario y el fraude en el autoempleo con medidas concretas: facilitar la colaboración entre la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo o reinstaurar el impuesto patrimonial.
Por otro lado, las empresas con más de 500 trabajadores y con beneficios los últimos dos años que quieran realizar un ERE para trabajadores de más de 50 años deberán compensar el gasto con una aportación especial al Tesoro Público.
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